Esta vez va sin música

Conflicto en el Francés: los trabajadores, el vaciamiento y las relaciones políticas.
El conflicto de los trabajadores del Hospital Francés tomo estado público a raíz de los incidentes de ayer y de hoy. Pero viene de lejos.
Los datos estaban sueltos, sólo hacía falta cruzarlos para ver un panorama de la situación. Consultando diversas fuentes se advierte de qué se trata: otro vaciamiento más de una empresa que no sólo podría dejar en la calle a más de 1500 trabajadores sino que, tratándose de un organismo de salud, abandonaría a su suerte a cerca de 50 mil asociados que, en muchos casos por edad avanzada, no podrían conseguir una nueva cobertura.


El inicio de los problemas se remonta a 2002, cuando la prepaga de la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia (Hospital Francés) firma un acuerdo por 25 años con la cobertura de salud del Grupo Banco Provincia (BAPRO). A partir de allí aumentó el caudal de prestadores y de afiliados, quienes pagaban una cuota menor que la de la prepaga del Francés.
Desde ese momento, según varias denuncias, la gestión produjo un enorme vaciamiento de la institución. En diciembre de 2005 comenzaron los conflictos de los trabajadores, que reclamaban sueldos adeudados y el pago de los aportes patronales que hacía cerca de 7 años que no se abonaban.
Para marzo de este año la situación era desesperante: hacía 3 meses que los trabajadores no percibían su salario, no se habían pagado ni el aguinaldo ni las vacaciones del año anterior y cada día era más evidente la falta de insumos en el hospital. Mientras, la cantidad de afiliados pasó de 140 mil a cerca de 50 mil en la actualidad, que han quedado en este servicio porque, por distintas situaciones, no pueden pasarse a otro.
En esa misma época, el Hospital Francés declara el concurso preventivo, dando intervención a la justicia. El personal no médico y profesional, denuncia explícitamente al ex presidente del Francés, Carlos Tossi, y al grupo BAPRO de desfalco: provocaron el vaciamiento de la empresa a través de la malversación de fondos. Incluso se habla de grandes negociados en la compra de insumos.
Frente a esto, la asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) propuso formar un "comité de emergencia", con conducción patronal, al que se opuso el cuerpo de trabajadores en lucha. El comité, finalmente, renuncia en abril ante el creciente conflicto.
Al mismo tiempo, la Legislatura porteña aprueba una partida de 8.500.000 pesos para que la institución haga frente a las deudas que tenía con el personal. Ese dinero se evaporó en poco tiempo con el pago de los salarios, aguinaldo y vacaciones a los trabajadores, quienes desde entonces, otra vez, están sin cobrar.

La intervención
En abril la Inspección General de Justicia (IGJ) decide intervenir la institución, y pone a cargo de la misma al Dr. José Luis Salvatierra, un hombre proveniente del PJ porteño y ligado a Héctor Cappaccioli, el superintendente de Seguros de Salud, quién a su vez es un kirchnerista "de la primera hora" y está apadrinado por el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Los trabajadores del hospital sostienen que Fernández es un operador del grupo BAPRO, que Salvatierra fue nombrado al frente de la intervención directamente por él y que la patota que irrumpió ayer en el edificio, además de golpear e intimidar al personal en lucha, también fue a destruir información que compromete al Jefe de Gabinete y a otros miembros de la gestión del Hospital Francés.
Además, parece evidente que los matones tienen algún tipo de relación con el gobierno nacional: algunos fueron identificados como miembros de "Jóvenes K", un grupo de apoyo a la gestión del presidente Néstor Kirchner. Y la foto que publica hoy La Nación parece confirmar estas versiones.
A todo esto, y más allá de los reclamos puntualmente laborales, los trabajadores del Francés sostienen que la solución al conflicto sería el pase a manos del Estado de la institución. Pero a esto se oponen tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (tampoco quiso hacerlo la gestión de Aníbal Ibarra) como el Nacional. Parece ser que el concurso y la quiebra no están del todo limpios y nadie quiere hacerse cargo de lo que pueda surgir de la investigación que se realice.

Informe: María Petraccaro.